La palabra ilegal, cuando hablamos de inmigrantes, tiene una connotación que es usada para diferenciar a las personas. Esta connotación sugiere un estatus desigual entre alguien que es ilegal y alguien que no lo es. Pero esa ilegalidad derivada de la carencia de un permiso de entrada a un territorio específico, significa también una marca, y que da a su portador un estatus de segunda clase.
Cuando se porta este estatus de segunda clase, los problemas sociales, pese a las diversas razones que compelen a una persona a moverse a otro país, saltan a la vistan: pobreza, marginación, discriminación, falta de oportunidades, bajos salarios, menor acceso a servicios públicos, etc. El ilegal siendo una persona de segunda clase en su país de origen, no es despojado de su marca sino que ésta se profundiza en el país a donde se ha desplazado para buscar otro tipo de vida.
Según fuentes oficiales se sabe que en Estados Unidos hay de 12 a 13 millones de inmigrantes ilegales. A nivel del discurso oficial se reconoce que es necesaria una reforma migratoria.
Para entender el problema podemos agrupar en características comunes a esta importante cantidad de inmigrantes que carecen de un permiso para residir en Estados Unidos.
El primer grupo está formado por personas que entraron al país siendo menores de edad. Se sabe que la cifra asciende a 3 millones de personas y hay consenso en diversos círculos de que es un imperativo moral garantizar una amnistía a estas personas que arribaron a Estados Unidos siendo niños y traídos por sus padres. Legalmente la solución no es tan pesimista, porque siendo menores de edad no pudieron haber violado ninguna ley.
El siguiente grupo estaría formado por personas que entraron a Estados Unidos siendo adultos pero que no desean residir en Estados Unidos sino trabajar temporalmente, regresar a México y eventualmente regresar a Estados Unidos para trabajar por tiempo determinado. De igual manera hay consenso, incluso entre la clase política de este país, que es necesario diseñar un programa de trabajos temporales para este tipo de inmigrantes.
Finalmente el tercer grupo está formado por personas que llegaron como ilegales a Estados Unidos, se asentaron en este territorio, tienen propiedades, familia, etcétera; en fin inmigrantes con raíces en Estados Unidos y que no desean volver a México. Hay quienes proponen un programa de legalización, que en el transcurso del tiempo puedan ganar puntos para obtener una residencia permanente. Se reconoce que como violadores de la ley este grupo de personas tiene que ser castigados con multas pero que al mismo tiempo deberían tener acceso a una vía planificada para obtener una legal residencia en Estados Unidos.
Como se desprende de la situación señalada, es necesaria una reforma migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero con la crisis económica esta reforma migratoria ha pasado a segundo plano y no es prioritaria su solución. Hay quienes opinan que una propuesta de reforma migratoria no provendrá del ejecutivo sino del legislativo y que igualmente su discusión será prolongada.
Cuando se porta este estatus de segunda clase, los problemas sociales, pese a las diversas razones que compelen a una persona a moverse a otro país, saltan a la vistan: pobreza, marginación, discriminación, falta de oportunidades, bajos salarios, menor acceso a servicios públicos, etc. El ilegal siendo una persona de segunda clase en su país de origen, no es despojado de su marca sino que ésta se profundiza en el país a donde se ha desplazado para buscar otro tipo de vida.
Según fuentes oficiales se sabe que en Estados Unidos hay de 12 a 13 millones de inmigrantes ilegales. A nivel del discurso oficial se reconoce que es necesaria una reforma migratoria.
Para entender el problema podemos agrupar en características comunes a esta importante cantidad de inmigrantes que carecen de un permiso para residir en Estados Unidos.
El primer grupo está formado por personas que entraron al país siendo menores de edad. Se sabe que la cifra asciende a 3 millones de personas y hay consenso en diversos círculos de que es un imperativo moral garantizar una amnistía a estas personas que arribaron a Estados Unidos siendo niños y traídos por sus padres. Legalmente la solución no es tan pesimista, porque siendo menores de edad no pudieron haber violado ninguna ley.
El siguiente grupo estaría formado por personas que entraron a Estados Unidos siendo adultos pero que no desean residir en Estados Unidos sino trabajar temporalmente, regresar a México y eventualmente regresar a Estados Unidos para trabajar por tiempo determinado. De igual manera hay consenso, incluso entre la clase política de este país, que es necesario diseñar un programa de trabajos temporales para este tipo de inmigrantes.
Finalmente el tercer grupo está formado por personas que llegaron como ilegales a Estados Unidos, se asentaron en este territorio, tienen propiedades, familia, etcétera; en fin inmigrantes con raíces en Estados Unidos y que no desean volver a México. Hay quienes proponen un programa de legalización, que en el transcurso del tiempo puedan ganar puntos para obtener una residencia permanente. Se reconoce que como violadores de la ley este grupo de personas tiene que ser castigados con multas pero que al mismo tiempo deberían tener acceso a una vía planificada para obtener una legal residencia en Estados Unidos.
Como se desprende de la situación señalada, es necesaria una reforma migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero con la crisis económica esta reforma migratoria ha pasado a segundo plano y no es prioritaria su solución. Hay quienes opinan que una propuesta de reforma migratoria no provendrá del ejecutivo sino del legislativo y que igualmente su discusión será prolongada.
